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Sólo cinco autonomías fomentan la hospitalización domiciliaria


El impacto de la patología crónica en las actuaciones sanitarias todavía no llega al 20 por ciento

Javier Barbado / Diego S. Villasante y Miguel Ángel Escobar. Vitoria (Álava) / Tan sólo cinco comunidades autónomas (País Vasco, Valencia, Galicia, La Rioja y Navarra) llevan a cabo “una clara apuesta” por la hospitalización en el domicilio del enfermo, en tanto que otras como Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura todavía adolecen de una implantación “escasa o nula” de este tipo de unidades clínicas, según los datos expuestos por Carlos Zulueta, gerente del Hospital Donostia de San Sebastián (País Vasco), durante la última jornada del 2º Encuentro Global de Directivos de la Salud que organiza Sanitaria 2000, grupo editor de Redacción Médica, auspicia la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y patrocinan Becton Dickinson, Boston Scientific, Dräger Medical, Gasmedi y Gilead.

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Carlos Zulueta Guridi, Ignacio López Puech (gerente del Hospital Universitario de Tenerife, Canarias, y moderador de la mesa), y Eduardo García Prieto, momentos antes de comenzar la penúltima sesión de la jornada.

El encuentro fue clausurado por el director general de Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Julián Pérez Gil; el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino, y el de Sedisa, Joaquín Estévez, y tuvo lugar los días 22 y 23 en el Parador Nacional de Argómaniz (Vitoria).

En su exposición, Zulueta no pasó por alto la prioridad que concede el consejero de Sanidad y Consumo autonómico, Rafael Bengoa, a la atención de la patología crónica, problema de salud asociado con frecuencia a la edad avanzada y que, según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), coparán la asistencia sanitaria en los países desarrollados en las próximas décadas. En opinión de Zulueta, el mandatario vasco ha puesto el acento “en el elemento clave que nos va a permitir reformar el sistema sanitario y adaptarnos a la nueva situación”.

De acuerdo con el gerente del Hospital Donostia, las autonomías deben promover cuanto antes planes que desplacen el cariz “hospitalocentrista” del sistema sanitario público –y que, por lo general, se orienta a la atención de la patología aguda– con el fin de transformarlo en aras a alargar y mantener la calidad de vida de los enfermos crónicos.

Eduardo García Prieto, gerente del Hospital Río Ortega de Valladolid, recordó por su parte la relación existente entre la edad del paciente y la estancia media hospitalaria. Así, enseñó algunas gráficas que reflejan un claro aumento de la tasa de hospitalización a partir de los 45 años en ambos sexos, y que alcanza sus valores más altos a partir de los 75 años.

García Prieto reparó en la evidente relación de esta variable, la estancia en el hospital, y la enfermedad que se cronifica, y coincidió con la reflexión general de sus colegas de que se hace necesario reorientar la asistencia apartándola en lo posible de los centros hospitalarios. Por ello sugirió el desarrollo de unidades de pacientes pluripatológicos, unidades de día, y atención domiciliaria a distancia (telemedicina). Para promover esto último aconsejó, asimismo, prestar apoyo a los dispositivos de Atención Primaria.

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Joaquín Estévez, presidente de Sedisa; Julián Pérez Gil, director general de Osakidetza; y César Pascual, gerente de los hospitales Infanta Leonor y Virgen de la Torre de Madrid, en la clausura del encuentro.

Pérez Gil, en su discurso de clausura, recalcó que, cuando se plantea el debate sobre el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), no debe obviarse el papel de los gerentes de los centros, quienes tienen mucho que ver con la manutención de ese equilibrio. Incluso retrocedió en el tiempo para recordar el nacimiento de la figura de estos profesionales, que atribuyó a la política sanitaria promovida por el primer ministro de Sanidad y Seguridad Social, Enrique Sánchez de León, entre julio de 1977 y abril de 1979. No obstante, aseguró que “no se está incidiendo lo suficiente en la eficiencia” y emplazó al auditorio a una política hábil en este sentido que pase por “reducir el número de actuaciones” necesarias para la consecución final de un acto o proceso.

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