LLAMAN A CAMBIAR EL RÉGIMEN LABORAL

El estatutario obstaculiza la reforma sanitaria


Manuel Huerta, vocal de Sedisa, lo analiza en un artículo

Javier Barbado. Madrid

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El régimen estatutario de que disfruta buena parte de los profesionales sanitarios en España no facilita una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS) que, por desgracia, se debe acometer si se quiere salvarlo de su situación de déficit, según asevera el vocal de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y director gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir de Andalucía, Manuel Huerta. Este directivo ha elaborado un exhaustivo informe (con citas de medio centenar de fuentes bibliográficas) en el que, entre otras conclusiones, se menciona la modificación del sistema tradicional de relaciones laborales como una de las condiciones esenciales para llevar a cabo un cambio de fondo de la sanidad pública española. Manuel Huerta, director gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir de Andalucía.

Tal como razona Huerta, no cabe duda de que esta última se encuentra herida de muerte a causa de factores externos como la crisis económica iniciada en 2007 y los consecuentes recortes de presupuesto, pero también (y sobre todo) por el déficit arrastrado desde hace muchos años, el cual es atribuible a un defecto congénito del SNS: “La crisis del sector sanitario no es consecuencia de la crisis mundial iniciada en 2008, ya existía antes, aunque ésta, y sus peculiaridades en España, la han agravado y puesto a la vista de manera definitiva”.

En esta misma línea argumental, el experimentado economista Enrique Costas llegó a la misma conclusión que Huerta, tal como expuso en un artículo publicado en el diario de información general El País el año pasado: “La crisis financiera que tanto padecemos no es la causa primera ni mayor de la crisis que asfixia a la sanidad pública. Desde el principio, en 1986, nuestro Sistema Nacional de Salud está en crisis permanente: comprometido por ley a proveer asistencia sin fin (dar todo o casi todo a todos en toda ocasión) a precio cero en el momento del servicio, como si la solidaridad social hubiera mágicamente liberado a la asistencia pública de la escasez natural de bienes y servicios” (El País, 17-5-2012).

En su investigación, Huerta aboga asimismo por una gestión empresarial de las organizaciones sanitarias (lo que exige una evaluación y rendición de cuentas y de resultados a los hospitales que requiere, a su vez, de ese cambio en las relaciones laborales de los profesionales); la adopción de un modelo de desinversión “para dejar de financiar cuanto antes fármacos, dispositivos, aparatos, procedimientos, servicios o prestaciones que ya se vienen prestando, y que, sin embargo, tienen un escaso o incluso nulo valor añadido”; la reorientación de la Atención Primaria, en la que, según el Instituto de Estudios Laborales de Esade, “el 90 por ciento de los médicos siente algún grado de frustración”; potenciar la salud pública facilitando la colaboración entre las leyes estatal y autonómicas en esta materia; profesionalizar la gestión del directivo de la salud; estudiar si procede o no introducir fórmulas de ingreso adicional como el copago, y, por último, consensuar un Pacto de Estado por la Sanidad por parte de todos los agentes de salud cuyo consenso de mínimos debe radicar en garantizar “la preservación de la universalidad y la equidad del sistema para todos los ciudadanos”.

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