Entrevista

TRINIDAD JIMÉNEZ, MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

“Es una leyenda que el puesto de directivo dependa de los políticos”


Considera que la función gerencial está “reñida” con “planteamientos partidistas” y no duda de la “alta capacitación y profesionalización” del colectivo en España

María Márquez / Redacción. Fotografías: Miguel Ángel Escobar / Con motivo de su primer año al frente del Ministerio de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez hace balance de su mandato en esta entrevista. Durante la conversación, declara que se siente satisfecha por el consenso obtenido en el asunto de la gripe A o en el decreto del ahorro farmacéutico. Sin embargo, reconoce que todavía quedan asuntos pendientes, como la reforma del sistema MIR y el decreto de troncalidad. Preguntada por la liberalización del sector, que algunos autores identifican con la publicación del llamado informe Abril-Martorell, desecha la vigencia de este documento y remite al acuerdo recién aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial. En cuanto a los “retos del futuro”, Jiménez habla de estudiar las condiciones de trabajo de médicos y enfermeros, si bien recuerda que “aunque se pueden mejorar, son muy dignas”.

El Ministerio de Sanidad y Política Social tiene la misión de coordinar y liderar el Sistema Nacional de Salud a partir de las competencias de los gobiernos autonómicos, que se cedieron pensando en que ello acercaría los servicios a los ciudadanos, según ha declarado usted misma. ¿Qué capacidad de acción tienen en este esquema los gerentes de hospital y directivos sanitarios en general?

Los directivos son un colectivo profesional de enorme importancia para asegurar la eficacia de los servicios de salud en la consecución de los objetivos de calidad, equidad y eficiencia. Hoy disponemos en España de uno de los cuerpos directivos sanitarios de los más experimentados y cualificados de toda la Unión Europea gracias a la trayectoria de trabajo de nuestro sistema sanitario de más de 25 años, y gracias a la acción formativa de numerosas instituciones académicas. Ésta es la base de su capacidad de acción, que tiene que estar pegada al terreno y en diálogo continuo con los profesionales sanitarios.

A menudo los directivos se quejan de la excesiva dependencia del cargo respecto de los políticos. Su colega el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, lo justifica porque, a su parecer, resulta lógico hasta cierto punto, dado que los gerentes sanitarios dirigen centros públicos dependientes de los servicios y gobiernos autonómicos. ¿Es partidaria de que el directivo encarne las ideas y cumpla los objetivos ligados al partido gobernante?

Yo no comparto que haya dependencia política en los puestos directivos de la sanidad española. En mi opinión, es una leyenda. Creo que gestionar y dirigir una institución sanitaria está reñida con planteamientos partidistas y sé, con toda certeza, que los directivos sanitarios de nuestro sistema tienen una alta profesionalidad y capacitación.

En el mismo sentido que la pregunta anterior, ¿se muestra partidaria de potenciar la autonomía de gestión de los centros como se ha hecho históricamente en Cataluña o, de otra manera, en Madrid?

Todas las comunidades autónomas se están orientando en torno al principio de autonomía de gestión, que lógicamente está condicionado por los límites que marca la función pública. Es muy interesante comprobar que las diferentes experiencias de los servicios regionales de salud son compartidas y analizadas por todos para aprovechar los aspectos positivos de las mismas. De hecho, uno de los aspectos que hemos incluido en el Acuerdo del Pacto por la Sanidad se refiere a la evaluación rigurosa de las iniciativas que en este campo se desarrollan en España.

Usted ha declarado que ha examinado diversas fórmulas de copago posibles para el Sistema Nacional de Salud sin que le haya convencido ninguna. Por eso defiende que el Gobierno insista en la racionalización del gasto. Pero algunos informes de reconocido prestigio, como el elaborado por la consultora Mc Kinsey, sí aconsejan usar fórmulas alternativas de financiación, por ejemplo mediante un ticket moderador. ¿Qué opina de este informe?

Todos los informes que se realicen para hacer propuestas de mejora de los servicios de salud merecen respeto y también agradecimiento por mi parte, porque ayudan a conocer mejor la situación de nuestros servicios y a disponer de herramientas para la toma de decisiones. Pero el Gobierno descarta la incorporación de un ticket moderador de la demanda, porque una medida de esa naturaleza tiene alto riesgo de disuadir del uso de los servicios de salud a ciudadanos que los necesiten, con el consiguiente daño a la salud de los mismos.

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Los periodistas del grupo editorial Sanitaria 2000, frente a la ministra Jiménez, en su despacho del Ministerio de Sanidad y Política Social.

En el Acuerdo del Pacto por la Sanidad que alcanzamos en el Consejo Interterritorial el pasado 18 de marzo, establecimos la necesidad de trabajar sobre la demanda de servicios con medidas educativas e informativas dirigidas a los ciudadanos como la extensión de la factura sombra, entre otras. Nunca tomaremos medidas que expulsen del sistema a ciudadanos que lo puedan necesitar. Hay que evitar por todos los medios que cualquier ciudadano que tenga una necesidad sanitaria, no pueda obtenerla porque se defina un precio por usar los servicios (aunque el ciudadano lo haga subjetivamente, su actitud podría verse condicionada para no usar la sanidad, tomando una decisión que pueda ser negativa para su salud).

Los analistas citan los casi 20 años transcurridos desde la publicación de otro informe de gran alcance: el bautizado como Abril-Martorell en honor del conocido político que presidió la Comisión a la que el Gobierno asignó la redacción del documento. Se trata de una referencia continua porque abre la puerta a la liberalización del sector sanitario, pero no parece haberse avanzado todo lo que se pretendía en este sentido, ¿o sí se ha hecho?

En mi opinión, dicho informe no puede ser referencia para el SNS de hoy. Ni nuestro sistema sanitario, ni la Medicina, ni nuestra sanidad tienen nada que ver con la situación de hace veinte años en la que se elaboró dicho informe.

Por el contrario, es el Acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS (aprobado por unanimidad el pasado 18 de marzo de 2010) la referencia para las reformas de nuestro Sistema Nacional de Salud. Tiene un diagnóstico de la situación actual, compartido por todos los consejeros y consejeras de Sanidad de España y la hoja de ruta de las medidas a adoptar en los próximos tres años.

Después de un año en el Ministerio de Sanidad y Política Social, ¿cómo valora su experiencia? Era un sector desconocido para usted y la gripe A le obligó a ponerse rápidamente al día…

Ha sido un año muy interesante, intenso y enriquecedor desde el punto de vista político y personal. El Ministerio era muy nuevo para mí, pero me puse enseguida a trabajar y encontré una respuesta muy buena por parte de mi equipo. Además, trabajar con servicios públicos esenciales tiene también una enorme recompensa desde el punto de vista del ciudadano. El balance es positivo.

¿Qué retos se plantea en los próximos dos años?

En el ámbito sanitario, tenemos que aprobar la reforma de la Ley Antitabaco, trabajar en campañas de prevención de enfermedades, sobre todo las relacionadas con la necesidad de practicar más ejercicio, y adquirir hábitos de vida saludables. En política social, tenemos que seguir con el desarrollo de la Ley de Dependencia. También debemos seguir trabajando en la concreción de la Convención de la ONU en materia de discapacidad, así como en políticas de personas mayores para procurar un envejecimiento activo, teniendo en cuenta el cambio demográfico que nos depararán los próximos 25 años.

Y en el ámbito común, perseguimos la reducción del consumo de drogas y alcohol, sobre todo en los más jóvenes. Tampoco me olvido de la reforma del sistema MIR y del decreto de la troncalidad.

Habla del consenso con las CCAA como el mayor éxito. En el último Consejo Interterritorial (CI) aprobaron el decreto de ahorro farmacéutico. ¿No tiene la sensación de que, pese al acuerdo, a la hora de la confrontación política los argumentos no son los mismos por parte de la oposición?

En cuanto a la gestión, es verdad que todos nos sentimos parte del mismo barco, porque tenemos que ofrecer las prestaciones con la máxima calidad y cohesión, con el problema de que ahora se han reducido los ingresos. También he procurado hablar siempre con todas las formaciones políticas, no sólo con el principal partido de la oposición, porque hay que sacar adelante proyectos legislativos en el Parlamento. Confío siempre en que más allá del juego político, finalmente los acuerdos logrados en el CI puedan aprobarse sin problema en el Parlamento, a pesar de que siempre hay margen para la discrepancia.

¿Ve posible firmar otro tipo de acuerdos?

Hemos iniciado un camino, hemos aprobado una hoja de ruta en la que la iniciativa que tenía un carácter más inmediato era recortar el coste de la factura farmacéutica. Pero esto nos llevará a aprobar otra serie de normas y reglamentos; entre ellos, la regulación de los tiempos máximos de espera, un calendario vacunal único, un sistema de compras centralizado, el impulso de la Atención Primaria y de las necesidades de Enfermería… Y también queremos constituir una comisión para la elaboración de un Libro Blanco para integrar el espacio sociosanitario. Todo ello va a ayudar a que el Pacto por la Sanidad se concrete de una manera más estructurada. Nunca se ha hecho algo así. En este momento, el acuerdo del 18 de marzo nos marca el camino para ese pacto final.

¿Podría haber más acuerdos en el ámbito económico?

Una comisión de trabajo nos permite saber cómo podemos actuar. Tenemos que tener claras algunas características del sector, como que el gasto sanitario es estructural, ya que el 50 por ciento es consolidado, pero podemos evitar que aumente. También el gasto de la factura farmacéutica es estructural, y supone el 25-28 por ciento de la inversión total de Sanidad, es decir, 15.000 millones de euros. Es muy difícil actuar sobre cualquiera de los dos ámbitos, y nosotros lo estamos haciendo, con la contención de la masa salarial y la rebaja de la factura farmacéutica. El resto tiene que ver con inversiones, pero somos un país con una sanidad moderna y que tiene a gala ofrecer los avances médicos y tecnológicos de mayor peso en el ámbito internacional.

Hemos procurado la contención en los últimos 30 años. Actualmente, el gasto sanitario representa un seis por ciento del PIB, mientras que hace 30 años era un 4,5 por ciento. Es verdad que cualquier experto nos puede proponer fórmulas de corresponsabilidad, lo que se suele definir como copago, pero yo tengo muchas dudas acerca de que pueda solucionar el problema aumentando la vía de recaudación.

En primer lugar, si es disuasorio de la demanda, tiene el riesgo de que los pacientes que más utilizan la sanidad, como enfermos crónicos y mayores, que además tienen las pensiones más bajas, podrían inhibirse a la hora de acudir a una consulta de Primaria y Urgencias y, por tanto, provocar riesgos en su salud. Si a esto le descontamos el gasto administrativo que supone la gestión de esa tasa, además de dejar exentas a ciertas personas que no pueden pagarlo, lo que supone en ingresos es realmente irrelevante, puesto que, según estudios que hemos hecho, rondarían los 600 millones anuales.

Podemos actuar haciendo un mejor balance sobre el coste-beneficio de los tratamientos; en definitiva, sobre la racionalización. En el futuro, perseguiremos la constitución de un espacio sociosanitario que permita una mejor calidad asistencial para los mayores, hacer un uso más extensivo de la telemedicina, además de la importancia del estudio de las necesidades de enfermería, que es más barato que la atención hospitalaria.

El copago, ¿puede ser un tema de confrontación con determinadas autonomías?

No lo ha sido hasta ahora. Ningún consejero ni presidente autonómico me ha hecho una propuesta en firme del copago; tampoco ningún partido político. Se están estudiando todas las alternativas, pero hay que ver lo que realmente aportaría. Algún consejero lo ha expresado en reu-niones internas, porque ellos se sienten muy agobiados.

José Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha sido uno de los que ha planteado esta posibilidad.

Es verdad, pero nadie se atreve a hacer una propuesta en firme, porque en los países donde se ha incrementado el copago también ha aumentado el coste sanitario. Está estudiado, y no se saben muy bien cuáles son sus beneficios. En la actualidad, la solución más real sería hacer una inyección al sistema con carácter finalista. Hasta ahora, las comunidades autónomas reciben una transferencia de recursos, pero cada presidente regional lo distribuye como considera oportuno.

“La financiación finalista sería la solución más real para evitar el déficit estructural”

¿Le parecería adecuada, entonces, una financiación de carácter finalista?

Esta fórmula podría evitarnos arrastrar un déficit estructural; sería la solución más real.

Para cerrar el capítulo económico, el Consejo de Política Fiscal y Financiera está ‘levantando la guadaña’, presionando a los ministerios para recortar gastos. ¿El Ministerio de Sanidad prevé medidas futuras al respecto?

Formo parte del Gobierno y estoy comprometida con el plan de austeridad, así como con el objetivo de reducir el déficit público. Somos un país serio y sabemos cuáles son nuestras obligaciones. Me siento solidaria con el resto de ministros y, sobre todo, con la vicepresidenta económica. En el Ministerio de Sanidad y Política Social hemos hecho lo que se nos ha pedido, con el recorte del gasto farmacéutico. Es una coyuntura económica muy difícil, pero es cierto que las prestaciones sanitarias y sociales son de obligado cumplimiento, así que podemos recortar en estructura y gestión, pero no en servicios, porque es una obligación legal.

En un momento de crisis como el que vivimos, se pueden dilatar las inversiones. Siempre hay capítulos en los que se puede ralentizar un determinado proyecto, pero los servicios públicos hay que mantenerlos, porque afectan a personas con una especial vulnerabilidad.

Hablaba del Pacto de Estado. ¿Siente cierta envidia del ministro Ángel Gabilondo, quien ha planteado el Pacto por la Educación más tarde que usted y parece que las negociaciones ya van con un ritmo más acelerado? ¿Qué se puede esperar del Pacto por la Sanidad?

Por ahora hemos conseguido un acuerdo. En el ámbito educativo era urgente y necesario, por los vaivenes a los que se ha visto sometida la educación en los últimos años, algo que no ha ocurrido con el sector sanitario, en el que siempre se ha trabajado con un consenso básico. La sanidad no ha estado sometida a un uso particular por parte de ningún partido.

Diversos protagonistas del sector sanitario se muestran un poco escépticos y hablan de un pacto de mínimos, ¿usted es optimista?

Nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) es uno de los mejores del mundo, no sólo por sus profesionales, sino también por la eficiencia, la cartera de servicios y la universalidad. Realmente, creo que tenemos un sistema al que hay que tocar poco. La prueba de su calidad está en que tenemos uno de los mejores indicadores de salud del mundo en cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares, mortalidad infantil, trasplantes…

El SNS es uno de los mayores éxitos colectivos de nuestra democracia, y tenemos que fortalecerlo, sabiendo los retos del futuro, como es la Atención Primaria, estudiar las necesidades de médicos y enfermeros, ver qué hacemos con los enfermos crónicos, etc. Me da un poco de miedo cuando se habla de realizar cambios estructurales, porque creo que si hemos conseguido una sanidad de tanta calidad y eficiencia, ¿por qué motivo habríamos de cambiarla?

De las reuniones que ha tenido con los distintos agentes sociales para consensuar el Pacto por la Sanidad, ¿hay algún tema que sea más problemático o en el que haya más divergencia de opiniones?

Todo apuntaba a que el tema de la sostenibilidad sería uno de los que causaría un mayor debate, pero ningún partido político se ha atrevido a hacer una propuesta diferente, porque no tienen la seguridad de que con un sistema alternativo se fortalecería el SNS. Hay agentes sociales que nos han pedido un mayor control y evaluación del funcionamiento de las fórmulas de colaboración público-privada.

También ha mencionado reformas que quiere emprender, como la Ley Antitabaco, ¿qué fechas maneja?

Quiero presentar una proposición de ley con el acuerdo de los grupos políticos antes de que acabe este periodo de sesiones. Calculamos que hacia el mes de junio será posible. Queremos ampliar la norma, porque después de estudiar los datos de la Ley, hemos visto que muchos de los objetivos no se han cumplido. Ha sido una gran conquista social que todo el mundo acepte que no se fume en los espacios de trabajo, ese es el dato más esperanzador.

La financiación finalista sería la solución más real para evitar el déficit estructural

Creo que la reforma va a ser apoyada por la inmensa parte de la población. Y, al contrario de lo que se ha difundido, tampoco tendrá repercusiones negativas para la hostelería. Países tan dispares como Italia o Irlanda, México o Uruguay, muestran en sus datos oficiales que no es así.

¿Y esa reforma irá acompañada de medidas para ayudar a los fumadores a dejar de fumar? Se quejan de que no reciben ayudas de las autonomías…

Hay sólo dos autonomías que desarrollan proyectos piloto de deshabituación tabáquica. No hay evidencias científicas de que los tratamientos farmacológicos ayuden a dejar de fumar. De hecho, no los ofrece ningún país en Europa. Ayuda más implantar una norma que libere de humo los espacios. Hay grandes dependientes que sí necesitan esta ayuda, y sus médicos les procuran los tratamientos necesarios.

Otra norma pendiente es la Ley de Salud Pública, de aparición inminente.

Ha sido una norma que hemos tenido que consensuar y trabajar mucho, pero creo que al final quedará un buen proyecto.

Parece que hay un consenso absoluto.

De hecho, hay algunas comunidades autónomas que han ido probando alguno de los proyectos, y son enormemente coincidentes. En general, sobre la salud hay un gran consenso, una norma no escrita de que “con la salud no se juega”. Quizás sea porque la mayoría de consejeros son profesionales de la salud, o es que todos estamos imbuidos de esa conciencia de que debe quedar fuera de la confrontación política.

En cuanto al decreto de troncalidad, tras varios altibajos, ahora parece que la pelota está en el tejado del Ministerio de Sanidad. ¿Habrá en breve una propuesta?

Estamos trabajando intensamente en este tema. Me gustaría destacar el trabajo que está haciendo Alfonso Moreno como presidente del Consejo Nacional de Especialidades, que es extraordinario. Creo que el sistema de troncalidad va a aportar enormes beneficios a la formación y al desarrollo profesional de los futuros médicos, porque aportamos una enorme flexibilidad al sistema.

No significa que se pierda parte de la formación, sino que hacemos una común, dando la posibilidad de que el profesional médico, a lo largo de su vida, pueda optar por otra especialidad. Queremos huir de las rigideces, pero la calidad de la formación está plenamente asegurada.

También llevamos años oyendo cómo algunas disciplinas piden ser reconocidas como especialidades. Es el caso de Urgencias o Psiquiatría infanto-juvenil.

Como estamos centrados en el desarrollo de la troncalidad, no hemos querido hacer la reforma. Pero yo me comprometí a reconocerlas. Lo incorporaremos todo en el desarrollo de la troncalidad.

Otro asunto en vías de solución es el decreto de homologación de títulos de profesionales extracomunitarios.

En los próximos meses estará finalizado. Se trata de algo que hacemos con mucho rigor. Supone una enorme carga de trabajo para el propio Ministerio, porque hay que hacer una verificación de persona en persona, pero lo estamos haciendo de tal manera que haya la máxima garantía a la hora de homologar un título.

Muchos protagonistas del sector sanitario se quejan de que en España se forman profesionales muy buenos, pero muchas veces las condiciones laborales les obligan a trasladarse a otros países.

Por los datos de los que disponemos en el Ministerio, no hay tantos médicos españoles trabajando fuera. Por otro lado, en España hay muy buena formación, y todos ellos pueden trabajar en la sanidad pública; de hecho, hemos tenido que recurrir a profesionales extranjeros, porque no podíamos cubrir las plazas. Sus condiciones de trabajo se pueden mejorar, pero son muy dignas. Se han ido mejorando con el desarrollo de la carrera profesional. Actualmente, un médico especialista que además tiene guardias y puede combinar con su consulta privada, tiene condiciones laborales muy dignas.

Hay otro tema pendiente, que es el registro de profesionales, y que tal vez también es responsabilidad de las comunidades autónomas

Ahora estamos avanzando más en este tema, que era uno de mis empeños iniciales. Puedo tener un dato estimado, pero querría hacerlo de forma más objetiva y sólida. Quiero transparencia informativa en todos los datos, desde listas de espera a indicadores de salud o profesionales que trabajan. El registro nos será de una enorme utilidad, entre otras cosas, para hacer la planificación de necesidades.

Hacía referencia al sector privado de la sanidad. ¿Cuál es su opinión acerca de la colaboración con el sector público? Es un tema que se utiliza como tema de confrontación política en las comunidades autónomas. ¿El sistema sanitario público corre cierto peligro?

Soy una firme partidaria del sistema público de salud, pero eso no excluye que haya colaboración público-privada que no afecte al fin público. Hay CCAA, como Cataluña, donde existe esta convivencia a través del sistema de fundaciones, muy consolidado, que no ha afectado al fin público; sin embargo, de otras fórmulas todavía no se han visto sus beneficios. Hay que mantener una evaluación muy firme para ver si realmente después son fórmulas que permiten hacer el sistema sostenible o no.

Los datos que me llegan a mí, por el momento, dicen que no son fórmulas que abaraten el sistema, y ponen en riesgo una cierta calidad en la prestación, porque son hospitales que reciben a pacientes con tratamientos menos costosos y los acaban derivando a los grandes hospitales públicos. Tengo dudas de que esté funcionando bien. Pero quiero separar la sanidad privada, que es de gran calidad, de las fórmulas que se están utilizando.

Gaspar Llamazares, presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso, ha presentado una propuesta.

Desde una posición ideológica, pidió que no hubiera este tipo de colaboración. Y esto, en primer lugar, iría en contra de la Ley General de Sanidad y contra los reglamentos europeos.

¿Cómo valora el trabajo que realizan las comisiones del Congreso y Senado? El Partido Popular ha pedido bloquear la del Senado hasta que usted comparezca, porque opina que no ha intervenido las veces suficientes y no ha respondido todas las preguntas.

Me sorprende oír este tipo de comentarios. Tengo que darle un dato: he comparecido en un año 13 veces en total en el Congreso de los Diputados y en el Senado. No sé qué ministro ha hecho lo mismo. Me parece un juego poco serio pretender que vaya cada vez que lo pidan, porque entonces no podría hacer otra cosa.

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La ministra atiende a Ricardo López, director de Sanitaria 2000, y la redactora de este grupo editorial.

Por otro lado, no tenemos secretarios de Estado, pero el papel que cumplen los secretarios generales de Sanidad y Política Social es equivalente. Pero el PP no permite que ellos comparezcan. Quieren mantener ese juego parlamentario que no redunda en beneficio de nadie, y me parece absurdo. Soy una política seria y no me presto a ese tipo de juegos. No me voy a ver afectada ni mejor ni peor.

¿Qué balance hace de lo que llevamos de Presidencia Europea, y lo que queda hasta junio?

Iniciamos la Presidencia Europea con el Año de la Lucha contra la Exclusión Social y la Pobreza, que ha sido muy interesante. También trabajamos para que se apruebe la Directiva sobre Trasplante de Órganos y, además, creemos que podremos aprobar la directiva de Farmacovigilancia y Medicamentos Falsificados. En el ámbito de la política social, a finales de abril celebramos una cumbre ministerial de envejecimiento activo en Logroño, y en mayo está prevista la III Reunión de Ministros de Discapacidad, en Zaragoza.

¿Se esperaba el sector sanitario tal y como se lo ha encontrado? ¿Percibe que es un sector convulso?

Creo que en mi vida política no he encontrado un ámbito donde se pueda trabajar con mayor clima de respeto y seriedad. En primer lugar, con los profesionales, fundamentales para ayudarme con la gestión de la gripe A, pero también con el resto del sector, como enfermeras, fisioterapeutas… Me he reunido con todos ellos constantemente. También con la industria farmacéutica, sector económico clave, hay un clima de mucho respeto. Me siento una privilegiada por asumir la responsabilidad en un ministerio como éste, y también por el trato recibido por todos los agentes y sectores que protagonizan la sanidad.

¿Sabe si seguirá en este ministerio hasta la primavera de 2012?

Seguiré hasta que lo decida el presidente del Gobierno. Es muy difícil hacer planificaciones, pero la verdad es que llevo solamente un año. Sería un poco frívolo por mi parte plantearme nada ahora.

Es de suponer que no es ajena a los comentarios y a la buena valoración que hacen de usted el sector y los ciudadanos.

Llevo muchos años en política, y estoy acostumbrada a los rumores, que casi nunca se cumplen (risas) o, por lo menos, no en el tiempo y la forma en que uno lo pensaba. ¡Cuántas veces me han dicho que iba a ser ministra de muchas cosas en muchos momentos y acabé siéndolo de Sanidad y Política Social!

También suena para ser candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en el año 2011.

El presidente del Gobierno no me ha dicho nada jamás sobre eso.

Le debe de halagar que se piense en usted para otras responsabilidades, y que aparezca como los tres o cuatro ministros mejor valorados.

Cuando uno tiene una mayor proyección pública, entra dentro de la normalidad del juego político, pero no le quiero dar más importancia. No me levanto por la mañana pensando en las encuestas de valoración. Simplemente, cada día es un reto.

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